Resolución contrato — actividades ilícitas, peligrosas | Modelo

En España, el artículo 27.2.e de la LAU permite al arrendador resolver el contrato cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Esta es la causa de resolución más grave y no requiere requerimiento previo — la gravedad del comportamiento justifica la resolución inmediata, aunque el desahucio efectivo requiere siempre resolución judicial. Las actividades que justifican esta resolución incluyen: tráfico o fabricación de drogas, actividades delictivas organizadas, violencia doméstica grave que afecte a otros vecinos, acumulación de materiales peligrosos o inflamables, actividades que generen insalubridad (plagas, vertidos), ruido extremo y continuado que constituya una violación del orden público. El arrendador puede además acudir a la vía del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que permite al presidente de la comunidad, previo acuerdo de junta, ejercitar una acción de cesación contra el inquilino que realice actividades prohibidas, molestas, nocivas, peligrosas o ilícitas. Esta vía es complementaria a la resolución contractual del arrendador. El procedimiento judicial es el juicio verbal de desahucio (art. 250.1.1.º LEC). Dada la gravedad de los hechos, el arrendador puede solicitar medidas cautelares para la cesación inmediata de las actividades. El juzgado puede adoptar medidas de protección si existen personas vulnerables en el inmueble. Paralelamente a la vía civil, el arrendador debe denunciar las actividades ilícitas ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Las actuaciones policiales (atestados, informes) constituyen prueba fundamental en el procedimiento de desahucio. DocuGov.ai genera un requerimiento formal documentando las actividades con fechas y pruebas, fundamentado en el art. 27.2.e LAU. Para la demanda judicial se requiere abogado y procurador.